La presentación del Plan de Acompañamiento Municipal se realizó en la Universidad del Bío-Bío para la implementación de la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado en las regiones del Biobío y de Ñuble, en el marco del convenio suscrito entre nuestra Institución y la División de Gobierno Digital (DGD) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Por Cristian Villa y Valentina Alvarez

La Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado que entró en rigor a fines de 2019, obliga a todos los órganos de la administración del Estado sujetos a la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo a disponer y utilizar adecuadamente plataformas digitales para efectos de llevar expedientes electrónicos. Asimismo, la coordinación y asesoramiento intersectorial en el uso estratégico de las tecnologías digitales de dichos órganos fue mandatada a la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la que tiene a su cargo la Transformación Digital del Estado.

El proyecto es dirigido por la académica del Departamento de Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias Empresariales, Karina Rojas Contreras, y tiene como objetivo que la nuestra Universidad guie el proceso de implementación de la ley en los 54 municipios de las regiones de Biobío y Ñuble, a través de un plan de acción otorga permanente orientación y acompañamiento de los municipios durante la etapa de preparación de la puesta en marcha de la normativa, estableciéndose una estrategia específica para cada municipio, un calendario de actividades a desarrollar, medidas de seguimiento y monitoreo y una encuesta de satisfacción de usuarios y usuarias.

El rector Dr. Benito Umaña Hermosilla agradeció la confianza puesta en nuestra institución, única universidad estatal y pública en ambas regiones, que a través de estas instancias cumple con su mandato de contribuir a los territorios y relevar el trabajo permanente que se realiza con los municipios. “Hay una colaboración entre los organismos públicos y como UBB ponemos a disposición nuestras capacidades y trabajo, eso nos llena de orgullo, es nuestra responsabilidad y nos comprometemos con las instituciones involucradas en este importante proyecto”.

“Destaco el trabajo de los alcaldes y de los representantes de los municipios; su presencia en este acto confirma el interés y la prioridad que asignan a este proyecto. Somos una Universidad estatal y entendemos nuestro rol público, una institución que en este caso específico tiene por misión relevar y aportar a la concreción de esta política pública que se lleva a cabo en nuestro país, de manera abierta, transversal, laica porque la ley lo mandata”, comentó.

De igual modo, el Dr. Benito Umaña agradeció el entusiasmo de la directora del proyecto, Karina Rojas, y del equipo de trabajo que estará vinculado más directamente con los municipios. “Sabemos que harán su cometido con gran rigurosidad y responsabilidad”, valoró.

El coordinador de la División de Gobierno Digital (DGD) de la Secretaría General de la Presidencia, Randall Ledermann Molina, precisó que el convenio con la Universidad del Bío-Bío busca fomentar la vinculación entre los gobiernos locales y activar los liderazgos; apoyar técnicamente a los municipios de ambas regiones en el proceso para lograr la habilitación de tres plataformas transversales provistas por la DGD: Plataforma Catálogo de Procedimientos Administrativos y Trámites (CPAT), Plataforma Firma Gob y Plataforma DocDigital.

El jefe de la División de Gobierno Digital del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, José Inostroza, señaló que la iniciativa tiene mucho de innovación y demandará un trabajo conjunto y coordinado para cumplir con los objetivos.

“Esto no es un tema tecnológico “per se” y tampoco es un tema estrictamente legal, aún cuando hablamos de la Ley 21.180, que obliga al Estado de Chile tener procedimientos administrativos en soporte electrónico. Eso quiere decir que, si en la Universidad o en algún municipio de Ñuble se firma un papel el año 2027, como pudiera ser un decreto, ese documento será ilegal. El Estado chileno se pone a la altura de los países más avanzados y declara que el Estado funciona electrónicamente, no sólo como un deseo tecnológico sino como modo esencial de trabajar”.

Asimismo, José Inostroza enfatizó que mediante esta normativa se busca agregar valor público que tributa al fortalecimiento de la democracia. “Para que el Estado cumpla con las necesidades y expectativas de las personas y las empresas, tiene que ser mucho más capaz. No se trata solo de declarar derechos sino de ser capaces de cumplir la promesa y para eso es fundamental la tecnología. Por eso queremos transformar el Estado con tecnología, con inteligencia y ambición”, reflexionó.